Lealtad institucional
RECIENTEMENTE recogía este periódico unas declaraciones del alcalde de Valladolid, en las que acusaba a un técnico de la Consejería de Fomento de actuar con «una falta de lealtad institucional importante» por «filtrar» a los medios de comunicación un «informe» negativo sobre la reconversión de terrenos industriales a residenciales para la construcción de 215 viviendas en El Pinar. Se equivocaba el alcalde, y mucho.
Vaya por delante que lo que los medios difundieron no era un informe, sino la propuesta negativa de la Ponencia Técnica del Consejo de Urbanismo, avalada por un informe técnico emitido el 27 de marzo, y un informe jurídico del 18 de abril, y firmada por el secretario del Consejo y con el visto bueno del presidente de la Ponencia Técnica del Consejo, el pasado 3 de mayo. Que a ese documento del expediente de Modificación del Plan General ha tenido acceso mucha gente, y además todos los alegantes tienen derecho a conocerlo y obtener copia del mismo. Y, por último, que fui yo misma quien, en representación de algunos vecinos de El Pinar, comunique a los medios de 'información', el contenido de la citada Propuesta negativa, que obtuve previa solicitud que consta registrada.
Tanto la Administración regional como la municipal administran 'lo publico', y el urbanismo es una función pública por ley. En griego, público quiere decir, de entrada, expuesto a la mirada de la comunidad, a su juicio y aprobación.
Lealtad significa legalidad, verdad, realidad. Y la primera y única lealtad exigible de las instituciones publicas es a los ciudadanos y al interés general.
Desleales son las declaraciones gratuitas. Como cuando el señor Silván no tiene empacho en afirmar que el documento negativo que los medios de comunicación tienen sobre la mesa no existe. También pretender que los informes que sustancian un procedimiento administrativo en materia de urbanismo sean «confidenciales» o «materia reservada». Es deslealtad institucional prescindir de los informes técnicos y jurídicos de los funcionarios de la Administración para la resolución 'política' de los asuntos públicos. Por eso, «por temerario», el Tribunal de Justicia de Castilla y León, en su ultima sentencia contraria al Gobierno municipal, también le condena en las costas. La deslealtad de nuestros administradores públicos es buscar al técnico que haga los informes a la carta, para satisfacer no se sabe nunca bien qué clase de intereses.
¿Es acaso lealtad institucional que el asesor áulico, que cobra 44.454 euros del erario publico municipal, resulte ser compatible con todos y con todo, y el adjudicatario 'pichichi' de los concursos públicos? ¿Es lealtad a los ciudadanos que el concejal de Urbanismo se haya convertido en 'el portavoz' y defensor de los intereses de la empresa promotora?
Hace demasiados años ya que en esta región, lejos de gestionar la sociedad del conocimiento, todavía se gestiona la ignorancia. Sobran ejemplos de hasta qué punto los dirigentes políticos se limitan a gestionar la ignorancia de los demás. Este caso es solo uno de ellos.
Tenemos otros 'pre-electorales': así, resulta que la calle López Gómez es una calle de 'coexistencia' y que Valladolid es una ciudad sostenible, la primera y única en el mundo. Sin embargo, la realidad es que se confunde 'coexistencia' con 'supervivencia', que impera la ley del coche y el ladrillo, y que Valladolid tiene una contaminación atmosférica y acústica que supera constantemente los niveles máximos permitidos, con graves consecuencias en la salud de las personas. El maquillaje político urbano también es desleal con los ciudadanos. Una ciudad no es cualquier aglomeración de edificios, ni se construye sobre una evolución caótica sin ninguna exigencia de organización del espacio construido.
La ciudad es una particular puesta en escena de las sociedades. La falta de calidad democrática es una de las razones por las que se esta instalando en nuestra sociedad vallisoletana, por decirlo con una expresión del sociólogo Alain Touraine, una visión «intranquila» de la democracia. Difundida por una clase política con una visión muy reduccionista: los ciudadanos votan y ya está. Este alejamiento entre los políticos y los ciudadanos tiene graves desventajas, entre las que, por ejemplo, destacan en los telediarios la corrupción y el abuso de poder.
Es urgente y preciso reducir la distancia entre los representantes políticos y los representados, ya que la política es una actividad que afecta de forma decisiva a nuestras vidas y por eso no puede quedar exclusivamente en manos de los 'profesionales' de la política. Para mejorar tenemos que consolidar la democracia en la ciudadanía a un nivel horizontal. Siempre se dijo que la información es poder. La sociedad civil no hace sino recuperar lo que es suyo.
Vaya por delante que lo que los medios difundieron no era un informe, sino la propuesta negativa de la Ponencia Técnica del Consejo de Urbanismo, avalada por un informe técnico emitido el 27 de marzo, y un informe jurídico del 18 de abril, y firmada por el secretario del Consejo y con el visto bueno del presidente de la Ponencia Técnica del Consejo, el pasado 3 de mayo. Que a ese documento del expediente de Modificación del Plan General ha tenido acceso mucha gente, y además todos los alegantes tienen derecho a conocerlo y obtener copia del mismo. Y, por último, que fui yo misma quien, en representación de algunos vecinos de El Pinar, comunique a los medios de 'información', el contenido de la citada Propuesta negativa, que obtuve previa solicitud que consta registrada.
Tanto la Administración regional como la municipal administran 'lo publico', y el urbanismo es una función pública por ley. En griego, público quiere decir, de entrada, expuesto a la mirada de la comunidad, a su juicio y aprobación.
Lealtad significa legalidad, verdad, realidad. Y la primera y única lealtad exigible de las instituciones publicas es a los ciudadanos y al interés general.
Desleales son las declaraciones gratuitas. Como cuando el señor Silván no tiene empacho en afirmar que el documento negativo que los medios de comunicación tienen sobre la mesa no existe. También pretender que los informes que sustancian un procedimiento administrativo en materia de urbanismo sean «confidenciales» o «materia reservada». Es deslealtad institucional prescindir de los informes técnicos y jurídicos de los funcionarios de la Administración para la resolución 'política' de los asuntos públicos. Por eso, «por temerario», el Tribunal de Justicia de Castilla y León, en su ultima sentencia contraria al Gobierno municipal, también le condena en las costas. La deslealtad de nuestros administradores públicos es buscar al técnico que haga los informes a la carta, para satisfacer no se sabe nunca bien qué clase de intereses.
¿Es acaso lealtad institucional que el asesor áulico, que cobra 44.454 euros del erario publico municipal, resulte ser compatible con todos y con todo, y el adjudicatario 'pichichi' de los concursos públicos? ¿Es lealtad a los ciudadanos que el concejal de Urbanismo se haya convertido en 'el portavoz' y defensor de los intereses de la empresa promotora?
Hace demasiados años ya que en esta región, lejos de gestionar la sociedad del conocimiento, todavía se gestiona la ignorancia. Sobran ejemplos de hasta qué punto los dirigentes políticos se limitan a gestionar la ignorancia de los demás. Este caso es solo uno de ellos.
Tenemos otros 'pre-electorales': así, resulta que la calle López Gómez es una calle de 'coexistencia' y que Valladolid es una ciudad sostenible, la primera y única en el mundo. Sin embargo, la realidad es que se confunde 'coexistencia' con 'supervivencia', que impera la ley del coche y el ladrillo, y que Valladolid tiene una contaminación atmosférica y acústica que supera constantemente los niveles máximos permitidos, con graves consecuencias en la salud de las personas. El maquillaje político urbano también es desleal con los ciudadanos. Una ciudad no es cualquier aglomeración de edificios, ni se construye sobre una evolución caótica sin ninguna exigencia de organización del espacio construido.
La ciudad es una particular puesta en escena de las sociedades. La falta de calidad democrática es una de las razones por las que se esta instalando en nuestra sociedad vallisoletana, por decirlo con una expresión del sociólogo Alain Touraine, una visión «intranquila» de la democracia. Difundida por una clase política con una visión muy reduccionista: los ciudadanos votan y ya está. Este alejamiento entre los políticos y los ciudadanos tiene graves desventajas, entre las que, por ejemplo, destacan en los telediarios la corrupción y el abuso de poder.
Es urgente y preciso reducir la distancia entre los representantes políticos y los representados, ya que la política es una actividad que afecta de forma decisiva a nuestras vidas y por eso no puede quedar exclusivamente en manos de los 'profesionales' de la política. Para mejorar tenemos que consolidar la democracia en la ciudadanía a un nivel horizontal. Siempre se dijo que la información es poder. La sociedad civil no hace sino recuperar lo que es suyo.
Susana Ordóñez, Jurídico Urbanista
Publicado en El Norte de Castilla (nortecastilla.es)
El 5 de junio de 2006.
Publicado en El Norte de Castilla (nortecastilla.es)
El 5 de junio de 2006.
(Negritas de R.N.)
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